A veces los niños hacen preguntas sorprendentes… No hará ni dos años que mi hija quiso saber: “¿Quién inventa las palabras? ¿Dilma?”

Si lo pensamos, no deja de ser intrigante que ni siquiera la persona más poderosa de un país pueda imponer a la población el uso de una nueva palabra. Se pueden crear de la nada nombres propios para personas, lugares, marcas, aparatos, etc., pero ningún emperador puede forzar el uso de un nombre común nuevo, ni siquiera el de uno bien pequeño como pueden ser “sol” o “pan”. Los nombres comunes son, efectivamente, de todos. Hasta el más humilde de los hombres puede proponer una palabra nueva, que solo ha de ser aceptada en la lengua por aclamación popular, mediante un misterioso proceso democrático en el que cada hablante tiene su voto y su libertad para incorporar, o no, la nueva palabra a su vocabulario habitual.

Pero no podemos ser del todo ingenuos: el poder público y la sociedad como un todo (ese gran Leviatán) ejercen una enorme presión sobre el individuo para que este use la lengua de una determinada manera. Se vive socialmente a través de la lengua, y hay un gran interés en reglamentar la vida social, lo que implica reglamentar el uso de la lengua. Desde las escuelas, los medios de comunicación y los círculos sociales más variados nos llueven normas y más normas. Todo un diluvio de normativas que nos dicen que determinados usos de la lengua son incorrectos, inadecuados, inmorales, ilegales… Si se quiere entrar y ser aceptado en un determinado círculo social o profesional, hay que acatar y asumir las normas lingüísticas de ese grupo. Y para eso estudiamos idiomas o carreras universitarias. Para eso estudiamos mucho.

En el caso concreto del español, existe un antiguo y peliagudo debate en torno a la lingüística normativa que tiene mucho de emocional y de político. Los hay contra las normas, y muy en particular contra las promulgadas por la Real Academia Española, que defienden la libertad para el idioma y el laissez-passer de la lengua, a los que podemos llamar “liberales lingüísticos”; y los hay a favor de las gramáticas y los diccionarios normativos que además apoyan la intervención activa de los estados en la unidad y estandarización de la lengua. A estos últimos podemos etiquetarlos como “intervencionistas lingüísticos”.

Sin duda, tanto entre los liberales como entre los intervencionistas hay sujetos con altos y nobles ideales, y los hay también con aspiraciones más pedestres e inconfesables. La cuestión ahora, ya que parece imposible mantenerse neutral en este debate, es reflexionar acerca de qué partido deben tomar al respecto los profesores brasileños de español; cuál de las dos opciones les convence o les conviene más. ¿O existe una tercera vía que podría proponerse desde el colectivo de los profesores no nativos, y no implicados emocionalmente en el debate? ¿Qué pensáis?